Busich Escobar, Ismael
Buenos Aires, la gran provincia: 1880-1930
DON MARCELINO UGARTE
Nació en Buenos Aires el 28 de Mayo de 1855, siendo sus padres doña
Adela Lavalle y el doctor Marcelino Ugarte, notable abogado del foro porteño,
que fue ministro de Estado y miembro de la Corte Suprema. Cursó estudios
en la Universidad, pero no llegó a terminarlos porque a temprana edad
quiso mezclarse en el torbellino de los negocios y de la vida pública.
Fue electo diputado provincial en 1878, declinando esa representación
por escrúpulos de moral política, pues fueron tachados de fraudulentos
los comicios donde triunfó su candidatura; En 1888 ocupó una banca
en el Senado provincial, y en 1892 fue elegido diputado nacional por Buenos
Aires, ejerciendo también la presidencia de la Caja de Conversión.
Al terminar su período en la Cámara joven, pasó a desempeñar
el ministerio de Hacienda en el gobierno del doctor Bernardo de Irigoyen. En
1900 volvió al Congreso Nacional como diputado, no alcanzando a cumplir
íntegro su mandato por haber sido elegido gobernador de su provincia,
sucediendo en tan elevado cargo al doctor Irigoyen.
Al transmitir el mando a su sucesor, en 1906, el señor Ugarte se
dedicó por entero a la organización de la fuerza política
que lo había apoyado en el gobierno y que fue el origen del actual partido
Conservador de la provincia. Volvió el señor Ugarte al Congreso
en 1913 como senador nacional, interrumpiendo su alta representación
al año siguiente, para asumir de nuevo la primera magistratura de la
provincia por el período 1914-1918, que tampoco pudo cumplir íntegramente
a causa de la intervención federal enviada en Mayo de 1917 que dio en
tierra con todos los poderes provinciales.
El señor Ugarte falleció en Buenos Aires e1 6 de Agosto
de 1929.
CAPITULO XIV
D. Marcelino Ugarte
1902-1906
Sumario. - Lucha de candidaturas. - Triunfo electoral de don Marcelino Ugarte.
- Propósitos de gobierno malogrados en sus comienzos. - Los ministros.
-Las atribuciones de los Municipios y la influencia de los caudillos. - División
de la Cámara de Diputados en dos fracciones. - Predominio momentáneo
de los gubernistas.- El P.E. de la Nación decreta la intervención
a la Legislatura. - Designación del doctor Luis B. Molina. - Normalización
aparente. - Perturbaciones a raíz de una elección fraudulenta.
- El gobernador desconoce la legalidad de la Legislatura renovada. - Nueva misión
del interventor Molina. - Otra vez elecciones de diputados. - El gobernador
se consolida. - Su obra administrativa. - Codificación. - Canales. -
Ferrocarriles. - Obras de desagüe. - Irrigación en. Patagones.-
Nacionalización de la Universidad.- Restablecimiento del Banco de la
Provincia. - El puerto de La Plata pasa la Nación. - Disminución
de la deuda externa. - Terminación del período.
Para suceder al doctor Irigoyen en la gobernación de Buenos Aires, surgieron
dos candidatos: Vicente L. Casares y Marcelino Ugarte, sostenido el primero
por el partido Autonomista Nacional y el segundo por elementos combinados del
mismo partido, de los cívicos y de los radicales. La lucha política
que precedió a la consagración del señor Ugarte fue una
de las más ardorosas y entusiastas que registran los anales cívicos
de la provincia, y aunque se ha querido demostrar que el gobernador lrigoyen
puso su influjo del lado del señor Ugarte, ello no ha podido establecerse;
lo evidente es que el nuevo gobernador obtuvo el triunfo con el apoyo decidido
de la opinión pública, cuyas aspiraciones y anhelos supo impresionar
en su vigorosa campaña electoral.
1ntegraba la fórmula electa el doctor Adolfo Saldías, que llegaba
a la vicegobernación después de una meritoria actuación
en la Legislatura, en la política y en el gabinete ministerial.
Al recibirse del gobierno, el 1° de mayo de 1902, el señor Ugarte
expuso ante la asamblea legislativa una síntesis de su programa administrativo,
en párrafos altivos y llenos de sinceridad. Trazó un cuadro de
la difícil situación financiera de la provincia y formuló
los principios económicos a que ajustaría su labor; anunció
su propósito de propender a la reforma del sistema impositivo y de la
Constitución provincial, de fomentar las obras públicas, de impulsar
o enajenar el puerto de La Plata y de difundir la enseñanza.
“Mi tarea -dijo -ha de ser esencialmente administrativa durante el
primer tiempo de mi gobierno, y habré de consagrarme con ahínco
a normalizar las finanzas poniéndolas al día. Más tarde,
dentro de los medios que consiga acumular, seguiré una política
francamente impulsiva, como cuadra, en mi opinión, a la provincia,
promoviendo obras, afluencia de población, implantación de industrias
nuevas o derivadas...”
Más de un año habría de transcurrir con que el gobernador
Ugarte pudiera entrar de lleno en el plan tan elocuentemente esbozado en su
discurso inaugural. La Legislatura platense, acostumbrada a tener en jaque al
primer mandatario de la provincia, iba otra vez a ensayar sus fuerzas contra
el nuevo gobernante y los sucesos consiguientes absorberían casi por
completo la atención del gobierno.
Apenas entró en funciones el señor Ugarte constituyó su
gabinete en esta forma:
Ministro de Gobierno, ingeniero Manuel B. Bahía.
Ministro de Hacienda, doctor Pascual Beracochea.
Ministro de Obras Públicas, ingeniero Ángel Etcheverry.
De ellos, sólo el ingeniero Etcheverry conservó su cartera hasta
el final del período; el señor Bahía renunció en
agosto, cinco meses después de su nombramiento, reemplazándolo
el doctor Mariano A. Pinedo, quien se separó del gobierno en agosto de
1904, substituyéndolo el doctor Manuel F. Gnecco. Casi simultáneamente
con Bahía renunció el ministro Beracochea, en cuyo lugar el gobernador
nombró al doctor Juan Ortiz de Rozas, que terminó el período.
La anunciada reforma constitucional que el gobernador acometió desde
los primeros días de su gestión fue la piedra de toque de la perturbación
que por un momento sacudió la provincia. Mediante esa reforma el señor
Ugarte se proponía transformar radicalmente la composición de
las Cámaras legislativas, donde se habían entronizado los hombres
de influencia electoral en los municipios, siguiendo una práctica arraigada
en la provincia. Para quebrantar esas influencias, el gobernador aspiraba a
reducir las atribuciones de los municipios, propiamente dichos, cuyas amplias
facultades impositivas ponían en manos de los caudillos un poder formidable.
Entendía el gobernador que la Constitución consagraba una verdadera
anomalía al organizar el gobierno comunal equiparando dos términos:
municipio y partido, puesto que en esa forma había municipios de cuatrocientas
leguas.
“Así se ha dividido la provincia, en cien pequeñas provincias,
cada una de las cuales cuenta su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.” (1).
La doctrina del gobernador tuvo adherentes y adversarios en el seno de la Legislatura.
Los primeros se amoldaban a la tendencia innovadora, mientras que los segundos
luchaban por mantener su tradicional preponderancia en el gobierno general y
en el comunal, donde perdían terreno visiblemente porque el gobernador,
consecuente con su criterio acerca de las facultades del municipio, no des-
[sic] perjudicaba ocasión de sustituir los intendentes por comisionados
que intervenían en las comunas en nombre del P. E. Claro está
que, dividida en tal forma la Legislatura: al influjo de una hostilidad recíproca,
sostenida por fuerzas casi equivalentes, la situación llegó muy
pronto a hacerse insostenible. La fracción gubernista, agotados los medios
para asegurarse una mayoría que le permitiera apoyar con eficacia los
propósitos del gobernador, optó por medios violentos: aprovechando
de la ausencia sistemática de la oposición, se constituyó
en los primer días de febrero de 1903 en el recinto, y como sus componentes
no alcanzaran a formar quórum, hizo conducir por la fuerza pública
algunos diputados opositores y reincorporó a su seno a tres ex diputados
que la misma Cámara había dejado cesantes por inasistencia, pero
que respondían a la política gubernista. Por su parte, el señor
Ugarte favoreció ostensiblemente estos trabajos proporcionando fuerzas
del batallón Guardia de Cárceles para el resguardo del palacio
donde deliberaban sus adeptos.
Los diputados de la oposición, viéndose vencidos por esta maniobra,
apelaron al recurso supremo de solicitar la intervención nacional, y
en número de 36 subscribieron un memorial demostrando la subversión
institucional que les impedía ejercer libremente sus funciones, resumiendo
su alegato en estos tres motivos:
“1° que había sido ocupado el local de sesiones por
fuerza armada obtenida por la minoría gubernista, cuya presencia continuaba
estorbando la acción libre de los legisladores de la mayoría;
2° que habían sido incorporados al cuerpo legislativo tres
caballeros particulares sin más antecedentes que haber sido declarados
cesantes anteriormente por la Cámara;
3° haber removido la mesa presidencial de la cámara bajo
la presión de la fuerza armada y por el voto de una minoría
sostenida por bayonetas.”
Este memorial fue enviado al ministro del Interior el 7 de febrero, siendo
reforzado el día 10 por un extenso petitorio que elevaron también
al ministro los diputados nacionales electos por la provincia de Buenos Aires,
que se solidarizaban así con la oposición al gobernador.
Las notas eran, sin duda, excesivas, y revelaban la exaltación de los
ánimos en un conflicto en que la oposición bregaba más
por mantener su prepotencia política y electoral que por afirmar el prestigio
o integridad de los fueros legislativos.
“El gobernador de Buenos Aires - decía el memorial de los diputados
platenses -, apenas asumió el mando implantó un sistema tan
personal de gobierno, que a poco de ser ejercitado puso en evidencia que sólo
perseguía crear en el mecanismo institucional de Buenos Aires una autoridad
desconocida que estuviera sobre los partidos, sobre los pueblos, sobre la
Constitución del Estado.”
La representación bonaerense en el Congreso, por su parte, prejuzgando
sobre hechos que luego habrían de ser sometidos a su estudio, declaraba
en su petitorio:
“Una minoría de la Cámara de Diputados, la misma que
el gobernador reunió en la. sala de su despacho, la misma que aceptó
las imposiciones de solidaridad política, la misma que públicamente
declara no reconocer otra dirección en la gestión de su tarea
legislativa que la voluntad y el pensamiento del gobernador Ugarte, se ha
reunido en el recinto de la Legislatura a altas horas de la noche con el apoyo
del batallón Guardia de Cárceles sin llenar las formas externas
exigidas por el reglamento de la Cámara, y ha pretendido obligar a
los miembros de la mayoría a formar un quórum que les permitiese
consumar todas las violencias que son del dominio público y que han
merecido la más justificada de las recriminaciones, por parte de la
opinión.”
Desempeñaba a la sazón la presidencia de la República
el vicepresidente 1° del Senado nacional, doctor José Evaristo Uriburu,
por ausencia momentánea del general Roca, Presidente titular, y del vicepresidente,
doctor Quirno Costa. El doctor Uriburu reunió a los ministros en acuerdo
y el 16 de febrero decretó la intervención a Buenos Aires, “de
conformidad con la primera parte del artículo 6° de la Constitución
Nacional y a objeto de asegurar el funcionamiento normal del Poder Legislativo
de la misma”. Al día siguiente fue nombrado interventor el doctor
Luis B. Molina, quien, acompañado por su secretario, el doctor Carlos
A. Estrada, se trasladó a La Plata el 20 del mismo mes, constituyéndose
en el palacio de la Legislatura.
El doctor Molina estudió todos los antecedentes del conflicto, y como
encontrara que el origen aparente del mismo radicaba en la sesión de
la Cámara de Diputados celebrada el 15 de noviembre de 1902, en la cual
fueron declarados cesantes los tres diputados con cuyo concurso, pudo sesionar
posteriormente el cuerpo, acordó que esas cesantías eran irrevocables,
por lo cual resultaba nulo y sin efecto lo actuado en las sesiones de febrero;
restableció las autoridades de la Cámara que habían sido
depuestas por la minoría gubernista, autorizó aquéllas
para que citasen al cuerpo a objeto de tratar los asuntos pendientes y las puso
en posesión del local y dependencias de la Cámara, con lo que
dio por terminada su misión el 18 de marzo, después de comprobar
el funcionamiento normal de la Legislatura, y el restablecimiento de las relaciones
entre ésta y el Poder Ejecutivo.
Pero el conflicto sólo estaba resuelto en apariencia. Tenía forzosamente
que surgir de nuevo al primer rozamiento entre los dos poderes políticos
de la provincia, y ello ocurrió dos meses después, con motivo
de las elecciones de fines de marzo, de renovación parcial de la Legislatura,
en que funcionaron
“dos clases de elecciones; una practicada en comicios públicos,
con mesas instaladas: en los parajes designados por la ley, pero viciadas
por el fraude; y otra simulada y clandestina, en la que sólo han intervenido
los falsificadores encargados de hacer las actas y registros, siendo esta
última la que ha aprobado la H. Cámara”. (2).
En efecto; la Cámara de Diputados aprobó la elección tachada
de clandestina, por 37 votos contra 35, figurando entre los primeros 9 diputados
que aparecían reelectos en esos comicios, vale decir, que votaron por
la aprobación de sus propios diplomas. Se planteaba, pues, el mismo conflicto
que originó el decreto del gobernador Irigoyen en 1898 por el cual desconocía
el escrutinio y aprobación de diplomas hecho por la Cámara en
iguales condiciones. El gobernador Ugarte adoptó idéntica actitud
que su antecesor en el decreto de abril 28 de 1903, por cuya circunstancia los
diputados de la oposición se dirigieron al Congreso reclamando una nueva
intervención federal. El Congreso, después de un largo debate,
sancionó la ley respectiva, autorizando al Poder Ejecutivo para llevarla
al cabo, “a objeto de garantir la organización y funcionamiento
de la Cámara de Diputados”. Nombróse interventor al mismo
doctor Molina, quien se trasladó a La Plata el 15 de junio, y después
de examinar todo cuanto se relacionaba con el nuevo conflicto, declaró
nulas las elecciones materia de discusión, y convocó a nuevos
comicios en los cuales adoptó el padrón nacional, interviniendo
la policía y las comunas a los efectos electorales. Finalmente, el doctor
Molina presidió el escrutinio de las nuevas elecciones, en las que la
agrupación denominada Partidos Unidos, que apoyaba al gobernador, obtuvo
18 bancas, 6 el partido Republicano, derivación de la antigua Unión
Cívica Nacional, y 2 el partido Autonomista Nacional. Constituida entonces
la Cámara sin mayores tropiezos, el interventor se retiró de La
Plata.
Todo ello ocurría a fines de noviembre de 1903, pudiendo decirse que
sólo con el comienzo del año 1904 el combatido mandatario iba
a estar en aptitud de dar cumplimiento a sus propósitos de buen gobierno
y tranquila administración, ya que la dura y tenaz lucha de los dos años
anteriores, preñados de dificultades, no le habían permitido dedicar
a aquéllos mayor atención.
Veamos, sin embargo, en una rápida síntesis, algunas de las iniciativas
que planeó entonces y que llevó a la práctica en los años
subsiguientes. Por ellas podrá apreciarse el genio emprendedor y decidido
que caracterizó la obra del gobernador Ugarte: y cuyos frutos habrían
sido sin duda mayores, si desde un principio se hubiera visto libre de preocupaciones
políticas.
Diremos, ante todo, que no pudo obtener la anhelada reforma de la Constitución,
uno de sus más firmes propósitos al iniciarse en el cargo. Pero
no por ello fue ajeno al mejoramiento de la legislación, pues promovió
la reforma de los Códigos de Procedimientos en materia Civil, Comercial
y Penal, que encomendó a los doctores Teodoro Varela, Rómulo Etcheverry
y Ricardo Guido Lavalle, y puso en vigor el de lo Contencioso-Administrativo,
que redactó el doctor Luis V. Varela.
Dedicó a la enseñanza pública especial atención,
proyectando la ley de edificación escolar, con cuya adjudicación
pudo emprender la construcción de 400 locales para escuelas en todo el
territorio de la provincia.
Fue obra suya también el levantamiento del mapa topográfico y
geológico de la provincia, que encomendó al doctor Francisco P.
Moreno, convencido de la necesidad de conocer la naturaleza del suelo, subsuelo,
régimen de las aguas superficiales e interiores, y para lograr su mejor
aprovechamiento, en armonía con los grandes valores industriales de la
época, y en presencia del desarrollo adquirido por la ganadería
y la agricultura.
Le preocupó muy particularmente la construcción de canales de
navegación, proyectando e iniciando el de Mar Chiquita a Baradero en
una extensión de más de 300 kilómetros, de los cuales alcanzó
a construir durante su mandato cerca de 200, malográndose empresa tan
grandiosa por circunstancias ajenas a la voluntad del gobierno.
Más positiva, aunque menos trascendental, fue la construcción
de canales en el Delta del Paraná, donde quedaron listos -al terminar
su período, siete cursos de agua para la navegación isleña
y, por consiguiente, para su producción agrícola y frutícola.
En materia de caminos, también fue fecunda la administración
de Ugarte: se construyeron muchos nuevos, se mejoraron los existentes, y sobre
ellos, en los casos de ríos y arroyos, se construyeron en total 30 puentes,
proyectándose un número mayor.
Los ferrocarriles aumentaron durante este período, aproximadamente en
1.000 kilómetros los de trocha ancha, y 600 los de trocha angosta.
Se iniciaron también durante el gobierno de Ugarte las obras de desagüe
en las zonas inundables de la provincia, paralizándose momentáneamente
en mayo de 1905, cuando ya se habían invertido en ellos más de
un millón y medio de pesos, y realizado 3.000.000 de metros cúbicos
de excavación y dragajes.
Dio comienzo el señor Ugarte a los trabajos de irrigación en
Patagones, contratando al efecto para la tarea al ingeniero Carlos Wauters,
y demostrando que aquilataba la trascendencia de esta obra y su enorme utilidad.
Entre otros actos de gobierno de este período, podrían señalarse
la creación en La Plata del Colegio y la Universidad nacionales, sobre
la base de la primitiva institución similar creada 10 años atrás;
la instalación de los Tribunales de la Costa Sur; la reforma fundamental
de las leyes impositivas, la reorganización del Montepío Civil,
etc.
En materia financiera, dos actos importantísimos llevó al cabo
el gobernador Ugarte: la reorganización del Banco de la Provincia y la
venta del puerto de La Plata al gobierno nacional. El primero, después
de cancelar todas sus obligaciones provenientes de la gran crisis que motivó
su ruidosa caída, reabrió sus puertas con su antiguo nombre, sus
prerrogativas y su tradición, con un total de depósitos particulares,
judiciales y fiscales de pesos 50.000.000 y un alto crédito que se puso
de manifiesto inmediatamente en la cotización de sus acciones.
El puerto de La Plata fue transferido al gobierno nacional, por ley de la Legislatura,
patrocinada por el gobernador. Se obtuvo por tal concepto la suma de pesos oro
11.871.000, que el gobierno aplicó a la amortización de su deuda
externa, la cual, de $ oro 34.000.000 que era su monto originario, quedó
reducida, al finalizar el gobierno del señor Ugarte, a pesos oro 21.200.000.
Con justificada satisfacción el gobernador Ugarte pudo presentar ante
los ojos de la opinión, al terminar su período, el cuadro de los
trabajos realizados, después de haber luchado a brazo partido con una
oposición bravía y tradicional. Esa satisfacción se refleja
en su mensaje final a la Legislatura, el l ° de mayo de 1906, que cerró
con este párrafo:
“Me he empeñado en ser justo y sobrio en administración;
he sentido amor por mi obra; nunca me atrajo la tarea de cultivar enconos;
me he preocupado de ejercer el gobierno con los ojos abiertos hacia todos
los rumbos, y desciendo hoy con la satisfacción íntima de haberme
dado en la integridad de mí mismo al bien de la provincia, lleno de
gratitud al gran partido que me ha acompañado a cruzar tantas vicisitudes,
hacia la H. Legislatura y mis distinguidos consejeros, sin excluir la oposición
que, con su actitud, sólo ha conseguido forjar la obra y, tal vez,
a los obreros.”
- Mensaje, 1° de mayo de 1906. El doctor Saldías,
que compartió con el señor Ugarte las responsabilidades del
gobierno, explica así los propósitos que animaban al gobernador:
“Un día que departía con buena cantidad de diputados y
senadores a propósito de la facultad impositiva de las municipalidades
y de la necesidad de modificar éste y otros grandes detalles de la
administración general, por medio de prudentes reformas constituciona1es,
les dijo: «Una entidad es el “municipio” y otra es el “partido”
de campaña: lo primero será del gobierno respectivo de ustedes,
la administración de lo otro debe ser del resorte del Poder Ejecutivo,
y yo he de conservar la integridad de mi investidura constitucional.»
Y partiendo de este propósito empezó a trabajar la reforma de
la Constitución, desahuciando a quienes a dudoso titulo solicitaban
su apoyo para componer la próxima Legislatura.” (A. Saldías.
“Un siglo de instituciones”, tomo II, pág. 349)
- Decreto del gobierno desconociendo la resolución
de la H. Cámara de Diputados. 28 de abril de 1903. Registro Oficial,
1903. pág. 435.
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